¿Qué ocurrió en el país entre 1980
y el 2000: conflicto armado o genocidio?
“YO ACUSO: FUE UN GENOCIDIO”
A casi once años de cumplirse la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se presentó en Ayacucho el 13 mayo, un libro polémico y provocador bajo el título de "Todos contra la verdad” de Herbert Morote. Tras los comentarios de los panelistas que asistieron a la presentación del libro se reavivó una vieja discusión conceptual y hasta jurídica sobre si lo que ocurrió en Ayacucho fue una "guerra interna", “conflicto armado” o “algunos excesos”. Para Morote no valen los eufemismos y acusa sin desparpajo que lo que se perpetraron fueron actos GENOCIDAS de ambas partes: tanto de las organizaciones terroristas como de los agentes del Estado.
Más de una década va
desde que el Dr. Salomón Lerner Febres presentó el Informe Final de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación y muchas de sus recomendaciones no han sido aún
implementadas. Ayacucho, que según las estadísticas arrojadas por la CVR fue la
región más violentada durante este aciago periodo, no ha merecido la atención,
el desagravio, ni la reparación que le correspondería. Muchos de los “violentadores”
o “perpetradores de crímenes” contra los Derechos Humanos viven impunemente,
otros han vuelto al ruedo político una vez prescritos sus crímenes, todo ello
bajo la venia de un sistema judicial acomodaticio que suele llamar “exceso”,
“secuelas colaterales” a lo que para Herbert Morote no fue otra cosa que “Genocidio”.
“CONFLICTO ARMADO INTERNO, GUERRA
CIVIL, ACTOS DE TERRORISMO, O GENOCIDIO”
La
Comisión de la Verdad y Reconciliación ha considerado que durante el periodo de
la violencia se produjo un "conflicto armado interno". Morote deja
entrever que esa denominación obedece a que la CVR prefirió evitarse
complicaciones de declarar al citado conflicto como "guerra civil",
ya que de ser así a "los terroristas [...] si se les captura se les puede
considerar prisioneros de guerra conforme a las convenciones de Ginebra por las
cuales tienen derecho a benignas condenas, suaves interrogatorios,
alimentación, alojamiento, trabajo y remuneración, prácticas religiosas, actividades
culturales y un largo etcétera". Sin embargo no solamente Sendero Luminoso
sería el beneficiado con esta categorización conceptual de lo que realmente
ocurrió; muchos de los agentes estatales y no estatales "responsables de
miles de actos violatorios de derechos humanos" también procuraron que los
asesinatos colectivos, sistemáticos y reiterados no sean considerados como
genocidio sino como "excesos" o "daños colaterales"
producto de cualquier conflicto armado. Los gobiernos de turno, en todo caso,
prefirieron considerar esos "excesos" como acciones aisladas, ajenas
a algún mandato gubernamental.
Para José Coronel, ex
miembro de la CVR, era imposible declarar que las 68.280 víctimas fatales de la
violencia política fueran consideradas como genocidio debido a que existen
ciertos parámetros internacionales que deben cumplirse previamente. Por su
parte, el doctor Richard Llacsahuanga, catedrático de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, considera que sí hubo
genocidio debido a que la mayor parte de las víctimas de la época de la
violencia fueron pobladores de las zonas rurales de la Sierra Sur, que tenían
como lengua materna el quechua y otras lenguas originarias, y que además eran pobres
según el censo del INEI del año 1993. Entonces, no fue casualidad, como lo
señala la CVR que Sendero Luminoso
"se transformara en un proyecto fundamentalista, de potencial terrorista y
genocida" y que el gobierno de Fujimori decidiera esterilizar forzadamente
a 300.000 mujeres, "en su mayor parte indígenas y quechua-hablantes".
Según esa lógica, el gobierno de
Fujimori habría tenido por objetivo aniquilar desde su seno a los grupos
terroristas. Si, como lo señala el doctor Llacsahuanga, el gobierno consideraba
que Sendero Luminoso estaba mimetizado en la población indígena
quechua-hablante, era probable que los hijos de ese grupo étnico también lo
fueran; entonces, la salida era asesinar a mujeres y niños; o evitar que nazcan
más "terroristas" esterilizando a las mujeres.
Morote no se anda con
rodeos y en su libro categóricamente afirma que "…en el Perú hubo un
genocidio en toda regla. No fue una guerra civil, no fue ‘conflicto armado”,
porque “las víctimas no pertenecían a los bandos combatientes sino fueron
civiles pacíficos que nada tenían que ver con el conflicto". El autor cita
el Estatuto de Roma publicado por la Corte Penal Internacional en el 2002 en la
que se define el genocidio como actos "perpetrados con intención de destruir
total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, o religioso tales como:
(1) matanza de miembros del grupo, (2) lesión grave a la integridad física o
mental de los miembros del grupo, (3) sometimiento intencional del grupo a
condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o
parcial; (4) medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; (5)
traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo".
Para corroborar esta
afirmación basta con recurrir a los datos estadísticos ofrecidos por la CVR
quien constató que el 79% de las
víctimas fatales del conflicto interno vivía en zonas rurales y el 56% se
ocupaba en actividades agropecuarias; el
75% tenía como lengua materna el quechua u otras lenguas originaria; el 68 por
ciento de las víctimas no habían concluido la educación secundaria, es decir
eran poblaciones ubicadas en los estratos inferiores de la sociedad. "Más
claro ni el agua", sentencia Morote, "[...] fue un genocidio. [...]
En nuestro caso no fue solo un bando al que no le importó la vida indígena:
tanto los terroristas como las fuerzas del Estado lo hicieron y hasta ahora no
se arrepienten.
INFORME
FINAL: NINGUNEADO POR TODOS
El libro de Morote
acusa sin ambigüedades los infundios a que ha sido sometido el Informe Final
por parte tanto de la “extrema izquierda” y de la “derecha cavernaria”. El
Movadef que pide la amnistía para todos los “presos políticos” de uno y otro
bando; y los fujimoristas que hacen lo mismo para su líder:
“[…] el Perú le ha
hecho un ‘apanao’ cruel, miserable y abyecto al informe de la CVR no porque
dijera mentiras sino por decir la verdad, por denunciar crímenes, por señalar
culpables. Quizá por primera vez en nuestra historia tanto los unos y como los
otros han estado de acuerdo en algo: desacreditar y vilipendiar a la CVR. Es
como para no creerlo: los terroristas y la derecha cavernaria van de la mano”.
A ese coro se suman
los medios de comunicación, líderes de opinión y una población confundida. ¿Pero
quién conoce exactamente el contenido del informe voluminoso de la CVR?: pocos.
La mayoría de los peruanos tiene información de segunda y hasta de tercera mano:
una opinión de otra opinión, y muchas veces tergiversada. En ese contexto es
que “Todos contra la verdad” resulta siendo una cachetada contra la
indiferencia y contra los que quisieran persuadirnos de que la reconciliación
pasa por olvidarlo todo sin conocer la verdad que aún permanece oculta en los documentos
oficiales de Estado a los que la CVR no tuvo acceso, en senderistas reciclados,
o en las fosas comunes que aún no se han descubierto.
